Respuesta legal ante incidentes de seguridad

Intervención inicial

Integramos el comité de crisis, preservamos evidencia y delimitamos el incidente. Trabajamos con los equipos de tecnología y ciberseguridad para comprender qué ocurrió, qué información fue afectada y qué medidas de contención se adoptaron.

Evaluación jurídica

• Categorías y sensibilidad de los datos comprometidos.
• Cantidad y ubicación de los titulares.
• Posibilidad de fraude, discriminación o suplantación.
• Obligaciones legales, sectoriales y contractuales.
• Intervención de proveedores o subencargados.
• Necesidad de comunicación a autoridades, clientes o personas afectadas.
• Preservación del privilegio profesional y estrategia probatoria.

Comunicación y cooperación

Preparamos comunicaciones claras, evitando afirmaciones prematuras o contradictorias. Respondemos requerimientos, coordinamos con aseguradoras y proveedores, y documentamos las decisiones adoptadas.

Régimen vigente y buenas prácticas

Alcance normativo. La Ley N.º 25.326 exige seguridad y confidencialidad. No existe una obligación general y uniforme de notificar todo incidente en todos los sectores: la necesidad de informar depende de normas específicas, contratos, instrucciones de la autoridad, riesgos y estándares aplicables. El proyecto de reforma propone un régimen de notificación más expreso, útil como referencia para la preparación anticipada.

Etapa posterior

El cierre incluye análisis de causa, medidas correctivas, revisión contractual, capacitación y actualización del protocolo. Un incidente correctamente documentado puede demostrar diligencia y reducir futuras contingencias.